El sindicato ANPE denuncia la situación de agravio comparativo que sufren los docentes valencianos al ser una de las seis comunidades autónomas que no reconocen el derecho a los días de asuntos propios, conocidos comúnmente como "moscosos", pese a estar contemplados en el artículo 48.k del Estatuto Básico del Empleado Público. Este derecho fundamental establece seis días al año por asuntos particulares para todos los funcionarios públicos, un permiso del que los docentes valencianos están siendo privados mientras el resto de empleados públicos autonómicos sí pueden disfrutarlo.
Una minoría de comunidades incumplen el derecho básico
Actualmente, solo seis regiones en todo el estado mantienen esta carencia normativa: Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña, Canarias, Baleares y Murcia. Frente a ellas, doce comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han regulado este derecho con diferentes modalidades, reconociendo desde dos hasta siete días anuales. Esta situación coloca a los docentes valencianos en una posición de perjuicio respecto a sus compañeros de profesión en la mayor parte del territorio nacional.
Comunidades como Andalucía ofrecen seis días en períodos no lectivos, mientras que Extremadura otorga entre cinco y siete días según la antigüedad del docente. Otras autonomías como Galicia, Asturias y Aragón reconocen cuatro días anuales, y Madrid establece dos días lectivos más dos no lectivos. Incluso territorios con menor tamaño como La Rioja, Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla han regulado este derecho con al menos dos días lectivos al año.
Distribución entre días lectivos y no lectivos
El análisis de la regulación existente revela diferencias significativas en cuanto a la posibilidad de disfrutar estos días durante el período lectivo. Mientras que comunidades como Castilla y León permiten dos días lectivos además de cuatro no lectivos, Madrid establece un equilibrio con dos días de cada tipo. Asturias regula tres días lectivos y uno no lectivo, y Galicia contempla dos días lectivos de un total de cuatro. En el extremo opuesto, Andalucía limita los seis días exclusivamente a períodos no lectivos.
Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja establecen dos días en período lectivo, mientras que Aragón permite cuatro días sin especificar limitaciones entre lectivos y no lectivos. Esta flexibilidad contrasta con la total ausencia de regulación en la Comunidad Valenciana, donde los docentes no disponen de ningún día.
El recurso de ANPE contra el Decreto 234/2022
ANPE interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 234/2022 de permisos y licencias del personal docente funcionarial no universitario precisamente por la omisión de los días de asuntos propios. Durante la negociación de esta norma, ANPE reclamó el reconocimiento de este derecho, pero la Conselleria se negó alegando dificultades para su aplicación práctica. Sin embargo, esta argumentación carece de fundamento cuando doce comunidades autónomas han demostrado que es perfectamente viable establecer mecanismos de gestión para estos permisos.
El sindicato considera que esta omisión constituye un doble agravio: por un lado, respecto al resto de empleados públicos de la Generalitat Valenciana que sí disfrutan de este derecho; por otro, frente a los docentes de la mayoría de comunidades autónomas que tienen regulados sus días de libre disposición.
A día de hoy, el recurso sigue activo y se está a la espera de que el tribunal fije una fecha para su resolución.
Mientras tanto, ANPE continúa explotando la vía del diálogo y la negociación para tratar de conseguir un acuerdo con la administración que permita implementar este derecho sin necesidad de esperar al dictamen judicial.
Los centros no tienen porqué percibir su implantación
El Estatuto Básico del Empleado Público es una norma de aplicación directa que establece claramente el derecho a disponer de días por asuntos particulares. Esta disposición tiene carácter de derecho básico y debería aplicarse a todos los funcionarios, incluidos los docentes.
La regulación autonómica puede adaptar las condiciones de disfrute a las características del servicio educativo, estableciendo plazos de solicitud, número máximo de docentes simultáneos por centro o restricciones en períodos críticos como evaluaciones, con lo que la actividad lectiva en los centros no se vería afectada. Comunidades como Asturias exigen un plazo mínimo de 15 días para la solicitud, permiten máximo cuatro docentes simultáneamente según el tamaño del centro, y prohíben su disfrute durante los períodos de evaluación. Castilla-La Mancha establece entre 10 y 30 días hábiles de antelación, y Madrid fija un plazo mínimo de 15 días hábiles con un máximo de tres meses.
Propuestas para la gestión del derecho
ANPE propone que la Comunidad Valenciana establezca una regulación similar a la de otras autonomías, adaptando las condiciones de disfrute a las necesidades del servicio educativo, pero reconociendo el derecho básico. La experiencia de doce comunidades demuestra que es posible compatibilizar el derecho individual del docente con las exigencias organizativas de los centros educativos.
En este sentido, ANPE propone que se regule el disfrute de 6 días de libre disposición (“moscosos”) durante el curso, de los cuales 3 días serían dentro de periodo lectivo y otros 3 días en periodo no lectivo.
El sindicato considera imprescindible que la Conselleria rectifique su postura y modifique el Decreto 234/2022 para incluir los días de asuntos propios, equiparando así la situación de los docentes valencianos con la del resto de empleados públicos de la Generalitat y con la de sus colegas de la mayoría del territorio español. Mientras esta situación persista, los docentes de la enseñanza pública valenciana seguirán siendo discriminados frente al resto de funcionarios, algo que se une al hecho de que se encentran a la cola de todo el país en cuanto a remuneraciones se refiere.
