La publicación de este decreto impone un modelo de orientación que desestructura los actuales SPEs, sin contar con una evaluación previa del actual sistema. Por ello ANPE exigió su retirada, condicionando su apoyo a que la Conselleria llevara a cabo, previamente a cualquier propuesta, el imprescindible estudio empírico que ofreciera datos rigurosos del grado de consecución de los objetivos y finalidades del modelo de inclusión, contando con el modelo SPEs.
ANPE lamenta la entrada en vigor de este decreto que nace sin base científica que lo avale y sin el consenso de la comunidad educativa, ya que cuenta con el absoluto rechazo de todo el personal especializado en orientación educativa y profesional.
