COMUNICADO DE PRENSA
“Actuar juntos para construir una cultura de seguridad y salud positiva”
Ante el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ANPE sigue exigiendo la actualización de medidas para la prevención de la salud laboral del profesorado y de toda la comunidad educativa, así como la actualización del catálogo de enfermedades profesionales propias del desarrollo de la docencia en todos los cuerpos y etapas.
El 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, proclamado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de promover el trabajo seguro, saludable y digno, y la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales en todo el mundo. La campaña de este año se centra en la participación y diálogo social para conseguir una cultura de seguridad y salud positiva, con el lema: "Actuar juntos para construir una cultura de seguridad y salud positiva".
Se trata, por tanto, de detectar, prevenir y concienciar sobre la necesidad de reducir el número de accidentes en el trabajo y de bajas laborales.
Para ANPE, esta celebración, además de fomentar la cultura de prevención en materia de seguridad y salud laboral en nuestros centros educativos quiere incidir, este año, en los efectos psicosomáticos que la pandemia ha dejado en nuestros docentes y que las administraciones han querido que pasen inadvertidas. Muchos de estos trastornos derivan del cansancio, del estrés y de las jornadas de más de 37 horas y media auto impuestas. También exigimos ampliar las medidas sanitarias, laborales y legales a todas las actividades que realizamos fuera del centro de trabajo, en la mayoría de los casos voluntariamente, para poder ser afrontadas con la mayor garantía posible.
Desde hace tiempo, ANPE está demandando que se reconozcan como enfermedades profesionales aquellas derivadas del ejercicio de su profesión y relacionadas con la salud mental, como la ansiedad o la depresión. Y solicitamos que se tengan en cuenta las posibles consecuencias de la pandemia con el fin de poner en marcha medidas de apoyo psicológico y emocional para docentes, alumnado y familias.
Asimismo, ANPE demanda mayor presencia del servicio de riesgos laborales dependientes de la Administración educativa y de los propios delegados sindicales destinados a prevención. Es necesario seguir trabajando con actuaciones preventivas en centros educativos y las derivadas fuera del mismo y detectar aquellas sintomatologías comunes a nuestra profesión que pudieran estar dañando la salud laboral de nuestros docentes y las relacionadas con las condiciones de seguridad estructural, de seguridad en caso de incendio, de seguridad de utilización, de salubridad, de protección frente al ruido y de ahorro de energía que pudieran proceder de los propios centros educativos.
En la Comunidad Valenciana lamentablemente se deja en un segundo plano y muy al margen todo lo referente a la prevención de riesgos laborales y la salud de los trabajadores del sector educativo. No se explica de otra manera el hecho de que un colectivo de casi 60.000 trabajadores y 2.000 centros de trabajo sea atendido por un servicio de prevención mancomunado carente de recursos personales y materiales suficientes y adecuados para dicha dimensión.
Como consecuencia, los docentes nos vemos minusvalorados a la hora de aplicarse la normativa de prevención de riesgos laborales ya que no se cubre o no se actualiza adecuadamente la formación obligatoria de la que todos los trabajadores deberían disponer, la vigilancia de la salud es prácticamente inexistente pese a ser un requisito legal y un derecho de los trabajadores, las evaluaciones de riesgos de los centros tardan años en completarse y las evaluaciones de riesgos psicosociales a los que nuestra profesión nos expone en grado sumo son mínimas.
Por todo ello, y aprovechando la celebración de este día con más motivo, ANPE reclama una vez más la reversión de la medida adoptada por el Consell hace años y volver a disponer de un servicio de prevención propio que atienda exclusivamente al sector educativo contando con los medios humanos y materiales que se requieren para una aplicación efectiva de la legalidad vigente.
