Esta semana, los centros educativos han estado trabajando a marchas forzadas para poder acabar de preparar el inicio de las clases. Desde ANPE, les hemos remitido una encuesta para disponer de una visión real, objetiva y de primera mano de su situación. Con esto hemos podido determinar que más del 30% de los centros de Infantil y Primaria y más del 40% de los centros de Secundaria, FP y otras enseñanzas, iniciaron, según las encuestas, el curso el pasado 1 de septiembre sin disponer de toda la plantilla solicitada.
Resulta significativo que más del 35% de los centros de Infantil y Primaria no hayan recibido el profesorado extra-plantilla solicitado, así como que éste haya disminuido respecto al curso anterior en el 30% de los centros de Secundaria.
Además, en el caso de los centros de Secundaria, hasta el 70% de los mismos indican que han tenido que realizar cambios en los horarios de los docentes, suponiendo el ampliar excepcionalmente el número de horas de docencia para poder cumplir con la resolución publicada el 31 de agosto y que afecta a los horarios de 1º a 3º de ESO. Un problema que se suma al quebradero de cabeza y la sobrecarga de trabajo a la que se han visto sometidos los equipos directivos para rehacer unos horarios ya hechos durante el verano.
Por lo que respecta a las infraestructuras, resulta preocupante que más del 60% de los centros de Infantil-Primaria y del 70% de los centros de Secundaria y resto de enseñanzas, indiquen que tienen problemas de infraestructuras, lo cual afecta directamente a la calidad de la enseñanza, pero también, en muchos casos, a la propia seguridad de la comunidad educativa que hace uso de ellos.
En cuanto a los impagos, más del 65% de los centros de Infantil-Primaria y más del 50% de los centros del resto de enseñanzas, declaran no estar al día en cuanto al cobro de los gastos de funcionamiento que debe abonarles mensualmente la Conselleria y que son necesarios para el normal y buen funcionamiento de los centros.
Desde ANPE, emplazamos a la Conselleria a que dé solución a todos estos problemas, con acciones que prevengan futuras incidencias en la dotación de puestos en los centros y dialogando con los docentes para asegurar que cualquier cambio curricular cuente con su consenso, evitando así incurrir en modificaciones por decisiones judiciales. Por otro lado, que implemente un plan que erradique definitivamente todos los problemas de infraestructuras, así como que se asegure el pago puntual de todos los gastos de funcionamiento de los centros.
