ANPE, sindicato mayoritario en la enseñanza pública no universitaria, reclama que tanto las ratios alumnado/docente como el horario lectivo del profesorado de la enseñanza pública no universitaria se regulen, en sus límites máximos, mediante normas de ámbito estatal. Para la organización sindical, el establecimiento de unas condiciones mínimas comunes a todas las comunidades autónomas en ambos aspectos contribuiría de manera determinante a reducir las desigualdades existentes entre territorios.
En el marco de una Mesa de Negociación celebrada este miércoles entre el Ministerio de Educación y los sindicatos del profesorado, ANPE ha instado al departamento dirigido por Pilar Alegría a impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, un nuevo Real Decreto de requisitos mínimos de los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria que sustituya al actual Real Decreto 132/2010 y que, entre otras novedades, fije el número máximo de alumnos por docente en cada una de las etapas educativas. El presidente del sindicato, Francisco Venzalá, subraya que “las ratios máximas que se establezcan deben ser drásticamente inferiores a las vigentes en los diferentes territorios” y señala que “la norma ha de marcar unos plazos razonables para que las diferentes administraciones educativas autonómicas lleven a cabo las correspondientes reducciones, al igual que se ha hecho para los ciclos formativos de FP”.
ANPE ha insistido también ante el Ministerio en la necesidad de que se reforme la Ley 4/2019, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, con el fin de que el horario lectivo máximo del profesorado en todo el país se fije en 23 horas para Infantil y Primaria, y en 18 horas para el resto de enseñanzas. Venzalá recuerda que, actualmente, la ley solo recoge este horario lectivo máximo como recomendación y recalca que “es preciso que se convierta en obligación para garantizar unas condiciones razonablemente homogéneas en toda España”.
El sindicato ha vuelto a hacer hincapié en la importancia de que se cuente lo antes posible con un Estatuto de la Función Pública Docente, en cumplimiento de la disposición adicional séptima de la LOMLOE. Para su presidente, este estatuto, que ha de regular y desarrollar la carrera profesional docente, desde el ingreso a la función pública hasta la jubilación, “El Ministerio debe coordinar con las administraciones autonómicas la homologación y equiparación de las condiciones laborales del profesorado”.
Por otro lado, ANPE ha exigido al Ministerio de Educación que coordine con las distintas administraciones autonómicas la planificación de las mejoras necesarias en los centros educativos para garantizar su óptima climatización, eficiencia energética y sostenibilidad, dadas las deficiencias actuales. En opinión del sindicato, es esencial que la Administración del Estado se involucre en esta adaptación de las infraestructuras educativas, partiendo de un estudio previo que concrete las necesidades de cada centro.
