ANPE, primera fuerza sindical entre el profesorado de la enseñanza pública no universitaria, muestra su preocupación por los resultados de España en la última edición del estudio TIMSS, que mide el desempeño en ciencias y matemáticas del alumnado de cuarto de primaria de 59 países. El sindicato tilda de negativos los datos publicados, que sitúan a nuestro país en el puesto 28 de los 32 países de la OCDE y la UE participantes en la prueba, y llama la atención sobre las diferencias existentes entre las diferentes comunidades autónomas españolas.
Para el presidente de ANPE, Francisco Venzalá, “las alarmas que saltaron con el informe PIRLS en Cataluña y con la prueba PISA, se confirman ahora con TIMSS”. A su juicio, “son necesarios más recursos materiales y humanos en los centros educativos”. A este respecto, denuncia que continúa sin cumplirse la Disposición Adicional Octava de la LOMLOE, que dispone que el gasto público educativo debe incrementarse hasta alcanzar como mínimo el 5 por ciento del producto interior bruto.
Venzalá considera “insostenible” la “creciente brecha académica entre comunidades autónomas puesta de manifiesto por el último estudio TIMSS y, en general, por los sucesivos informes internacionales”. En este sentido, subraya que “la enseñanza pública debe ser el eje vertebrador de la educación en todo el país” y pide a los responsables políticos que “dejen de sacar pecho cuando los resultados les son favorables y construyan entre todos, respetando la autonomía de cada territorio, un sistema educativo más justo y cohesionado en el que las cuestiones esenciales se regulen de forma común y se eviten desigualdades”.
Con respecto al plan de refuerzo en matemáticas y lectura anunciado por el Gobierno a principios de este año, el presidente de ANPE lamenta que, de los 500 millones de euros de financiación prometidos, solo se hayan invertido 95 millones de euros, “una partida muy pequeña para más de ocho millones de estudiantes”. Asimismo, ve necesaria una mayor apuesta por los desdobles, los refuerzos y los apoyos para el alumnado de primaria, así como por reducir la carga burocrática y el horario lectivo del profesorado para posibilitar una atención más individualizada a los estudiantes.
De igual modo, Venzalá recalca que, “para mejorar los resultados educativos, es esencial que exista estabilidad normativa en el ámbito educativo y no que se apruebe una ley orgánica cada vez que entra un nuevo gobierno”. Sobre este punto, hace hincapié en que “se necesitan más de diez años de implantación de una ley educativa para poder evaluar adecuadamente su impacto”, algo que –recuerda– en España “no ha ocurrido todavía”.
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