ANPE, CCOO, UGT, USO, ADIDE, USIE, UFP, SUP, ACAIP y SIAT, han convocado hoy concentraciones frente a las sedes de MUFACE en las tres provincias de la Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón y Valencia). El objetivo no ha sido otro que el de exigir la renovación del concierto sanitario de MUFACE, una pieza clave del modelo sanitario español que garantiza la atención sanitaria a más de 1,5 millones de beneficiarios.
MUFACE, a través de su sistema de colaboración público-privada, permite a los beneficiarios elegir entre la sanidad pública o las entidades privadas concertadas. Este modelo no solo respeta los derechos de los funcionarios y sus familias, sino que también contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario público al reducir la presión sobre el mismo, que ya se encuentra suficientemente tensionado en la actualidad.
La no renovación del concierto sanitario generaría una serie de consecuencias de enorme magnitud:
- Colapso del sistema público de salud: Una transferencia masiva e inmediata de los beneficiarios de MUFACE al sistema sanitario público incrementaría de manera abrupta la demanda asistencial, desbordando los recursos disponibles, especialmente en áreas como la atención primaria, pero también en la especializada.
- Aumento de las listas de espera: La incorporación forzosa de cientos de miles de nuevos usuarios al sistema público prolongaría los tiempos de espera para diagnósticos, tratamientos y cirugías, afectando tanto a los beneficiarios de MUFACE como a la población general.
- Deterioro de la calidad asistencial: La saturación de los recursos humanos y materiales comprometería la calidad de la atención sanitaria ofrecida, perjudicando directamente la salud y el bienestar de los ciudadanos.
- Impacto económico: La absorción imprevista de los beneficiarios de MUFACE por parte del sistema público conllevaría un incremento significativo del gasto sanitario en las comunidades autónomas, dificultando la planificación presupuestaria y comprometiendo la sostenibilidad financiera de los servicios de salud.
Este escenario, de no evitarse, representaría un retroceso en la gestión sanitaria de nuestro país, afectando negativamente a millones de ciudadanos, tanto usuarios del sistema público como beneficiarios actuales de MUFACE.
ANPE reclama tanto al Gobierno como a las aseguradoras una solución que dé tranquilidad y calma a los mutualistas. A las aseguradoras, la necesidad de alcanzar un acuerdo, priorizando la debida atención sanitaria de los funcionarios. Y al Gobierno, la obligación de proponer una solución clara que dé certezas y garantías a los mutualistas, o las medidas que hagan falta para evitar el colapso de la sanidad pública.
Por ello, ANPE insta al Gobierno de España y a las administraciones competentes a garantizar la renovación del concierto sanitario de MUFACE. Es imprescindible preservar este modelo que equilibra la carga asistencial y asegura una atención sanitaria de calidad para toda la población.
