INFORME

     ANPE ha trasladado a la Administración un paquete de enmiendas a tres borradores normativos con impacto directo en centros y profesorado: la Orden de la Red Novigi+, el Decreto de currículos de cursos de especialización de FP y la modificación de la Orden de evaluación en ciclos formativos y cursos de especialización. El objetivo es claro: evitar incrementos de carga de trabajo sin dotación, reforzar la transparencia y la seguridad jurídica, y garantizar que cualquier cambio organizativo se haga con negociación real, recursos y criterios homogéneos.

1) Red Novigi+: voluntariedad, horas reales y menos “cajones de sastre”

     ANPE plantea cerrar redacciones abiertas que permiten ampliar funciones “por la puerta de atrás” y sin compensación. Proponemos acotar las tareas de coordinación a lo previsto en la norma y exigir dotación horaria/financiación y negociación si se pretende ampliar obligaciones.

     Defendemos que la incorporación a nuevos programas no sea automática: debe requerir solicitud expresa del centro y permitir ajustes/renuncias transitorias sin efectos retroactivos. También pedimos plazos claros y realistas, sustituyendo referencias imprecisas por fechas ciertas para facilitar la planificación.

     ANPE insiste en que las coordinaciones tengan dotación horaria efectiva y pública, evitando que se “financien” a costa de otras funciones o con sobrecarga encubierta. Proponemos limitar evidencias a lo estrictamente necesario y evitar duplicidades documentales.

     Por transparencia y seguridad jurídica, pedimos que las rúbricas/indicadores se publiquen con trazabilidad y con antelación suficiente, y que los cambios no se apliquen a mitad de curso salvo urgencia acreditada. 

2) Cursos de especialización de FP: seguridad jurídica, autonomía de centro y negociación ante cambios horarios

     En el proyecto de Decreto de currículos de cursos de especialización, ANPE solicita eliminar referencias a normas inexistentes o no publicadas. En concreto, pedimos suprimir la inclusión de un “Proyecto de Real Decreto” y fijar un procedimiento claro para futuras incorporaciones, con negociación cuando afecten a condiciones de trabajo.

     Para reducir burocracia y respetar la autonomía, proponemos sustituir la aprobación previa obligatoria de programaciones por un modelo de incorporación al proyecto educativo con supervisión de la Inspección, reservando autorizaciones solo donde proceda (modalidades virtual/semipresencial).

     En organización del trabajo, ANPE exige límites claros a cambios de distribución horaria: que solo se puedan alterar mediante resolución motivada, con negociación en Mesa Sectorial, con antelación mínima y sin aumento de carga lectiva ni recorte de tiempos de coordinación/evaluación/tutoría. En modalidades semipresencial/virtual, pedimos que la regulación fije mínimos (ratios, presencialidad de prácticas y evaluación, dotación horaria y medios tecnológicos corporativos).

     Para que el sistema funcione, planteamos herramientas corporativas y plantillas oficiales (repositorio, gestión de empresas y asignación del alumnado), evitando duplicidades y reforzando la protección de datos. En oferta bilingüe, reclamamos garantías: plan de centro, materiales y formación del profesorado dentro del horario de trabajo, con criterios homogéneos de acreditación.

     Finalmente, ANPE incorpora tres blindajes imprescindibles:

• Habilitación normativa acotada y garantía de negociación si afecta a condiciones laborales.

• Aplicación temporal clara y sin retroactividad perjudicial.

• Memoria de necesidades y recursos (plantilla, espacios, equipamiento, formación, sustituciones y coordinaciones), para evitar implantaciones “a coste cero”. Y, además, una comisión de seguimiento con informe de impacto presentado en Mesa Sectorial.
   

3) Orden de evaluación: no retroactividad, criterios objetivos e instrucción única (ITACA)

     Sobre la modificación de la Orden de evaluación, ANPE propone una disposición transitoria para impedir efectos retroactivos sobre matrículas ya formalizadas y decisiones evaluadoras adoptadas con la normativa anterior.

     En la excepción de acceso a 2º con pendientes, pedimos criterios objetivos y homogéneos: límite de 240 horas o 20% (el más restrictivo), acuerdo motivado en sesión de evaluación, constancia en acta, comunicación al alumnado y sin burocracia extra para el profesorado (plan integrado en la programación).

    Asimismo, aclaramos que las calificaciones parciales “informativas” no tengan efectos académicos por sí mismas, para reducir conflictos y reclamaciones. Y pedimos, como garantía de aplicación homogénea, una instrucción única con criterios comunes y adaptación de ITACA, además de un mecanismo de seguimiento en Mesa con informe de impacto y comisión.

Posición de ANPE

     ANPE defenderá en Mesa que cualquier política educativa basada en programas, acreditaciones o cambios de evaluación debe sostenerse sobre tres pilares: recursos reales, criterios claros y públicos, y reducción efectiva de la burocracia. Sin dotación, sin memoria de necesidades y sin negociación, las reformas acaban recayendo —otra vez— sobre el profesorado y sobre la organización de los centros.